En el 29 de mayo del 2020, miles de mujeres en Buenos Aires, Argentina, salieron a las calles para marchar por la justicia reproductiva. Las manifestantes, en una ola verde, mostraron el apoyo de la gente a los esfuerzos recientes para aprobar una nueva ley del aborto. El color verde se convirtió en un símbolo de la lucha para legalizar el aborto.

En 2018, el Congreso de Argentina rechazó el proyecto de ley que habría despenalizado por completo el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo. La organización, Human Rights Watch declaró que hay muchas barreras no solo al acceso al procedimiento del aborto, sino también a la atención post-aborto. Algunas Restricciones al acceso al aborto consisten en límites gestacionales impuestos arbitrariamente, la falta de medios de aborto en los medios económicos, la poca disponibilidad de los procedimientos, miedo de las consecuencias de la ley como enjuiciamiento penal, estigmatización y maltrato por parte de profesionales sanitarios.

La organización Human Rights Watch, ha documentado múltiples casos de mujeres y niñas en el país que enfrentan desafíos complicados y opresivos en el esfuerzo para ampliar los derechos reproductivos. La fundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Libre, Nina Burgo, dijo que el proyecto de ley que se introdujo el 30 de agosto es casi igual a la ley que fue rechazada en mayo. La diferencia más importante es que incluye más protecciones para las mujeres que necesitan un aborto.

José Miguel Vivanco, el director de América Latina de Human Rights Watch dijo que “la pandemia del Covid-19 y el consiguiente bloqueo no han hecho más que exacerbar el acceso limitado a los servicios de salud reproductiva, haciendo que la legalización del aborto sea más urgente que nunca”. La pandemia ha causado un retraso del alegato del proyecto de ley, pero el asesor jurídico superior del presidente Alberto Fernández ha prometido en su campaña presentar una nueva ley.

El ministerio de salud estima que al menos de 350.000 abortos ilegales se realizan en Argentina cada año, pero los grupos activistas estiman que el número es mucho más alto. Según los datos oficiales más recientes sobre los abortos, 39.025 mujeres y niñas ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos en el año 2016. Hasta un 16% tenía entre 10 y 19 años.

La estructura que persiste con las restricciones de los derechos reproductivos está profundamente imbricada en la historia del país; durante casi 100 años, el concepto llamado “modelo de excepciones,” básicamente ha prohibido el aborto. Siguiendo la ley, hay solo una excepción, bajo la sección 86 del código penal de 1921, y es el caso en que un embarazo es una amenaza a la vida de la mujer o niña, o cuando el embarazo es el resultado de una violación. En todos los demás casos, el aborto es ilegal y las consecuencias son muy duras; la sentencia por realizar un aborto es hasta 15 años de prisión. Por otra parte, el crimen de autoinducir el aborto o consentir tener un aborto es de hasta cuatro años de prisión.

En América Latina solo dos países, Uruguay y Cuba, han despenalizado el aborto. En la mayoría de los casos, el aborto es muy restringido en toda la región. El grito por los derechos reproductivos se está haciendo más fuerte en América Latina, pero todavía la lucha está lejos de conseguir cambios significativos.

Criminalizar el aborto no impide que las personas terminen con embarazos no deseados. De hecho, las personas se ven obligadas a buscar abortos fuera de la regulación del estado, y muchos se realizan de manera insegura como abortos clandestinos. Muchas mujeres, en particular las mujeres y niñas que viven en la pobreza o en zonas rurales, intentan abortos autoinducidos o buscan ayuda de proveedores no capacitados. El aborto es un asunto interseccional en todo el mundo y la pandemia de COVID-19 ha agudizado las desigualdades. La gente común es privada de los derechos humanos básicos. Las mujeres y niñas en clases bajas sufrían aún más bajo las estructuras construidas para restringirlos.

Los movimientos para respaldar el nuevo proyecto de ley para despenalizar el aborto en Argentina son un paso en la dirección correcta, pero el mundo necesita continuar vigilante y apoyar la lucha por los derechos reproductivos en Argentina y en toda América Latina. El proceso de litigación es el primer paso en la lucha y la meta de la litigación es la despenalización; pero, aún más para el acceso de personas en clases bajas, indígenas, en áreas rurales, etc. El aborto no es solo un asunto de legalización, sino un asunto de atención sanitaria accesible y asequible.

En Argentina, las elecciones generales tendrán lugar en octubre de 2020. Las organizaciones de los derechos de las mujeres esperan que las manifestaciones que apoyan este proyecto de ley pondrán presión sobre los candidatos para que estén más activos en la lucha por los derechos reproductivos. El mundo observa cómo Argentina tiene el potencial para convertirse en el tercer país en América Latina en despenalizar el aborto. Como un líder económico para la región, sería una victoria significativa para los derechos reproductivos.

Fuentes:

Perfil, “Human Rights Watch le pidió a Alberto Fernández la ley de aborto,” Clara Fernández Escudero, lunes 31 agosto, 2020.

Human Rights Watch, “Argentina debe legalizar el aborto y eliminar los obstáculos que enfrentan personas gestantes para acceder al aborto legal,” lunes 31 agosto, 2020.

BBC News, “Argentina abortion: Crowds gather to back pro-choice bill,” lunes 29 agosto, 2020.

El Orden Mundial, “El aborto, la eterna deuda con las mujeres latinoamericanas,” Elena Jiménez, domingo 8 marzo, 2020.